Las víctimas de delitos sexuales gozan de todos los derechos humanos y deben ser tratadas bajo los principios de dignidad, privacidad y respeto.

Se les debe garantizar por lo menos:

1. Un tratamiento particularmente sensible, y cuidado y apoyo apropiados por parte de todos los niveles del sistema de salud, lo cual incluye cuidado físico y psicológico,
2. La información sobre la posibilidad de acceder a la anticoncepción de emergencia. Debe recalcarse que la anticoncepción de emergencia, suministrada antes de que transcurran 72 horas de ocurrido el abuso, evita el embarazo.
3. La expresión  de sus opiniones, necesidades y temores sin ser juzgadas o acalladas.
4. Un trato adecuado durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de asistencia social.
5. La adopción de medidas para evitar injerencias innecesarias en su vida íntima
6. El acceso a un servicio de orientación y consejería para las víctimas y  su familia atendido por personal calificado.
7. Acceso a los siguientes servicios:
8. examen y tratamiento para la  prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH/Sida;
9. examen y tratamiento para trauma físico y emocional.
10. recopilación de evidencia médico legal.

A quienes deciden denunciar se les debe garantizar:

1. El acceso a un recuso legal que garantice la protección de sus derechos
2. Un tratamiento respetuoso durante todo el proceso judicial y la adopción de medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda victimización.
3. Ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación durante las diligencias judiciales.
4. La valoración del contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación.
5. Que las autoridades judiciales se abstengan de ordenar la práctica de pruebas y que excluyan las ya practicadas que lleven a una intromisión innecesaria  o desproporcionada de su derecho a la intimidad
6. Que la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen no sea entendida como consentimiento real y libre de presiones a los actos violentos.
7. Que la investigación penal se adelante con seriedad y objetividad y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia.       
8. La información acerca de los procedimientos legales y de los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya generado el delito.