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Derechos Sexuales y Reproductivos
Los programas que adelanta Profamilia Social se realizan bajo del marco ético de los Derechos Humanos y en particular el de los Derechos Sexuales y Reproductivos, con la convicción que el reconocimiento, respeto y garantía de estos, depende la buena salud sexual y salud reproductiva de las usuarias y usuarios.
La finalidad de los Derechos Sexuales y Reproductivos está en que todas las personas puedan vivir y decidir su sexualidad y reproducción, libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerción y violencia. En otras palabras, son los mismos Derechos Humanos interpretados desde la sexualidad y desde la reproducción.
Involucran por ejemplo la libertad sexual, el derecho a la intimidad, a la libertad de pensamiento, a la información, o el derecho a la salud, entre otros.
Si se entiende la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona y no simplemente la ausencia de enfermedades, una sexualidad sana supone:
- Suficiente información acerca de los órganos reproductivos, sus funciones y procesos y de las respuestas sexuales.
- La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y la posibilidad de regularla de conformidad con una ética personal y social, que se base en el respeto de la dignidad humana y los derechos de los demás.
- La ausencia de miedo, vergüenza, culpabilidad y prejuicios que inhiban la reacción sexual, impidiendo la plenitud del placer.
- La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.
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La anticoncepción moderna ha permitido a las personas y a las parejas desligar la sexualidad de la reproducción. Materializando la posibilidad de que la paternidad y la maternidad sean una opción y no un destino ineludible.
El reconocimiento de estos derechos contribuirá a que las mujeres, los niños y las niñas no sean sometidas a:
- Relaciones sexuales no deseadas, que conlleven a embarazos e hijos no deseados.
- Violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, el abuso conyugal, el incesto y el acoso sexual, en el espacio público y privado.
- Discriminación y violencia por causa de la orientación sexual o de la identidad de género.
- Riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y el sida.
- La violación y el abuso como arma de guerra.
A todas las personas les asiste el derecho fundamental a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, que implican la posibilidad de adoptar por sí mismas decisiones que afectan su proyecto de vida en lo que se refiere al ejercicio de la sexualidad, la orientación sexual, la integración de la familia, la elección de estudios y las inclinaciones familiares, culturales y profesionales.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad exige del Estado y de los terceros, respetar la voluntad de las personas en la elección de su manera de ser y de proyectarse en la vida.
Las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir atención médica y llevar a término su embarazo, pero si éste embarazo constituye peligro para la vida o para la salud de la mujer; o existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina; o el embarazo sea el resultado de un conducta, debidamente denunciada, constitutiva de violación o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, puede solicitar su interrupción, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, que son básicamente la certificación médica o la denuncia penal, según el caso.
Decidir si se quiere o no tener hijos, cuándo tenerlos y cuántos, son asuntos privados y trascendentales para la vida de una mujer y de un hombre que no pueden quedar sujetos a la voluntad de otros.
Es así, como el adecuado ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos garantiza las relaciones de equidad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, cada persona puede:
- Escoger su pareja.
- Expresar su orientación sexual o identidad de género.
- Decidir cuándo y de qué forma ejercer su sexualidad.
- Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y pensar sin coacción, miedo o vergüenza.
- Disponer de información con respecto a métodos asequibles y efectivos para la regulación de la fecundidad.
- Decidir si se une o no a otra persona en matrimonio o unión libre.
- Decidir cuándo y cuántos hijos e hijas desea tener.
- Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones sexuales y reproductivas.
- Acceder a servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva de calidad.
El Estado debe facilitar el ejercicio de estos derechos y poner al alcance de las personas los medios para hacerlos efectivos.
Por ejemplo, la salud reproductiva implica que las personas en una sociedad puedan disfrutar del más alto nivel de protección en lo que respecta a la función reproductiva y a los órganos comprometidos con ella, con el fin de permitir a las personas la vivencia de su sexualidad sin riesgo alguno. Si uno de los miembros de la pareja es infértil, el estado ha de suministrar los respectivos tratamientos para garantizar su sexualidad reproductiva.
La salud reproductiva supone, además, el desarrollo de campañas para la prevención y detección del cáncer de cuello uterino y de seno, así como la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y, en especial, el VIH/Sida. Significa además que las decisiones sobre sexualidad y reproducción puedan adoptarse libremente, sin discriminación, coerción, ni violencia.
A las mujeres, sin importar la edad o el estado civil, les asiste el derecho a decidir sobre sus relaciones sexuales, son dueñas de su cuerpo, con derecho a decidir sobre él, sin que sea necesario el previo consentimiento de la pareja.
Si se entiende la ciudadanía como el derecho a tener derechos, se puede afirmar que sin Derechos Sexuales y Reproductivos no hay ciudadanía plena.
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